
Valparaiso , 21 de Junio 2016. Comision Seguridad Ciudadana. Esta sesión tiene por objeto de discutir y votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Edwards, Farcas, Meza y Silber, y de las diputadas señoras Hernando, Nogueira y Sabat, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público, y permitir la detención en caso de flagrancia (Boletin N° 10.717-25). Se ha invitado para conocer la opinión sobre esta moción a las siguientes personas: -Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza; -Al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abott Charme; -A los profesores de Derecho Penal de la Universidad de Chile, señores Juan Pablo Mañalich Raffo y Gonzalo Medina Chulz. -Al Profesor de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, señor Juan Domingo Acosta Sánchez. Cámara de Diputados. Fotografa :-

Comision Seguridad Ciudadana.
La iniciativa originada en una moción parlamentaria, permite detener a quien «oculte su rostro para evitar su identificación» durante marchas o manifestaciones, estableciendo, además, una multa de entre 1 a 4 UTM.
Por 7 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general la idea de legislar el proyecto conocido como «ley anti-encapuchados», el cual modifica el artículo 494 del Código Penal, estableciendo la posibilidad de detener a quien «con ocasión de alteraciones al orden público, oculte su rostro para evitar su identificación», sumando además una multa de entre 1 a 4 UTM.
El texto fue presentado por los diputados RN Gonzalo Fuenzalida, José Manuel Edwards y Marcela Sabat, PPD Daniel Farcas, PRSD Fernando Meza y Marcela Hernando, DC Gabriel Silber y la diputada UDI, Claudia Nogueira (Boletín 10717).
Tras la sesión, el Presidente de la Comisión, Daniel Farcas, afirmó que «tenemos la convicción de que a partir de hoy los encapuchados tienen los días contados para generar este tipo de disturbios». Agregó que transversalmente creen que «el derecho de reunión o a manifestarse es algo sagrado y muy importante, pero en ningún caso puede verse empañado por los verdaderos vándalos» que concurren a las marchas.
El parlamentario, quien adelantó que espera aprobar la totalidad del proyecto durante julio, explicó que lo más relevante del texto, es que a diferencia del artículo 85, sobre control preventivo de identidad, «nosotros queremos sacar inmediatamente de todo tipo de manifestaciones a quienes se encapuchan. En democracia no hay lugar para los encapuchados».
En tanto, la diputada Marcela Sabat expresó que «lo que hoy día estamos haciendo es fortalecer el derecho a manifestación. Estamos hoy día asegurándole a los manifestantes su derecho a poder manifestarse en forma tranquila, y no que delincuentes ocupen estas manifestaciones para alterar el orden público, y provocar daños».
A su vez, la diputada Claudia Nogueira (UDI) expresó que «con enorme satisfacción las demandas ciudadanas de poder manifestarse en paz, sin destrozos ni desmanes, ha sido escuchada por este Parlamento y se ha concretado».
Recalcó que le proyecto busca desvincular de las manifestaciones a los encapuchados y permtiir al resto que pueda expresarse tranquilamente.
Aclaró que si bien no es necesario el patrocinio del Ejecutivo, no tienen dudas que este se hará parte del proyecto y lo va a apoyar «porque esta es una demanda ciudadana», anunciando que se reunirán con el Ministro del Interior, Mario Fernández, y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, para que se ponga urgencia al texto y se despache en corto plazo.
Engaño Público
El diputado socialista Leonardo Soto, quien se abstuvo en la votación, manifestó que condena «enérgicamente la violencia y creo que se deben tomar medidas para castigarla, pero este proyecto es un engaño público que no sirve para cumplir ese objetivo, me parece poco serio sostener que una multa va a tener ese efecto».
El legislador señaló que esta iniciativa «solo sirve para evadir el debate de fondo, que es saber por qué existiendo las herramientas legales para combatir la violencia en el contexto de desorden público Carabineros no las usa».
En ese sentido, aseguró, existen mecanismos como la flagrancia, «que frente a delitos como robo, agresiones, destrucción del mobiliario público y privado o incendio permite detenciones en ese momento y hasta 12 horas después», o delitos como el porte y lanzamiento de bomba molotov que ya «tienen penas altísimas, que en ese caso parten en los diez años de cárcel».
«Por lo tanto, me parece muy dudoso y profundamente ingenuo pensar que porque se establezca una falta que penaliza con una multa a los encapuchados la violencia se va a acabar, es un simplismo que solo se explica en el contexto del populismo penal que a ratos se toma estas discusiones», concluyó el diputado PS.
Publicado el 22 de junio del 2016